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El “segundo piso” de la Cuarta Transformación: ¿Quién es quién en el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum?




Claudia Sheinbaum asumió el 1 de octubre la presidencia para el período 2024-2030, tras su victoria en las elecciones del 2 de junio con el 59.75% de los votos válidos. En su discurso inaugural, destacó la continuidad de la Cuarta Transformación iniciada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), centrada en la austeridad republicana, el impulso de obras públicas, la atracción de inversiones para fomentar el nearshoring, y el fortalecimiento de relaciones
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Para lograr sus objetivos, presentó el gabinete que la acompañará en la construcción del “Segundo Piso” de la Cuarta Transformación. El Poder Ejecutivo estará compuesto por 21 Secretarías de gobierno, ocupadas por funcionarios tanto de la administración de AMLO como de su gestión en la Ciudad de México. La selección de los miembros del gabinete se basó en su formación técnica y profesional.

¿Quién es quién en el nuevo reparto de poder?
Para responder la pregunta, desglosamos el nuevo gabinete. También mostramos la “cercanía” del nuevo gabinete respecto a las dos figuras principales de MORENA: la actual presidenta y el ex-presidente AMLO para conocer en detalle los alineamientos y lealtades que subyacen en el gabinete.
Además, abordamos el balance de fuerzas en el Congreso de la Unión, un aspecto fundamental para la agenda legislativa oficialista, que se centrará en avanzar las reformas constitucionales propuestas por AMLO antes de dejar el cargo, así como en las futuras reformas que Sheinbaum podría impulsar durante su mandato.

La “aplanadora” del oficialismo en la Cámara de Diputados
El gobierno de Sheinbaum comienza su gestión atendiendo pendientes centrales de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), particularmente respecto a la discusión de una serie de reformas constitucionales que no pudo concretar por falta de apoyo en el Congreso. La idea central de la campaña electoral fue conseguir la mayoría calificada (dos tercios) en ambas Cámaras para concretar su aprobación sin interferencias de la oposición (PAN, PRI, MC). Hoy esos números son posibles en la Cámara de Diputados, donde la coalición oficialista (MORENA, PVEM y PT) cuenta con 364 de las 500 bancas. El oficialismo supera ampliamente los 334 votos requeridos para la aprobación de reformas constitucionales.

La mayoría oficialista en esta Cámara ha sido apodada “aplanadora” por su capacidad para impedir que los partidos de oposición rechacen iniciativas de ley.

La oposición tiene aún más limitaciones institucionales. Con una representación de menos del 33% en la Cámara (actualmente del 27.2%), no puede presentar acciones legales ante la Suprema Corte de Justicia para que se analice la compatibilidad de una reforma con la Constitución. Lo mismo sucede en el Senado. Anteriormente, a través de este mecanismo, la oposición logró invalidar propuestas como la reforma energética y la reforma electoral de AMLO.

Entre las reformas constitucionales que el Congreso ya aprobó destacan la reforma al Poder Judicial, así como la reforma que transfirió el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se espera que antes de fin de 2024 el Congreso debata la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El Senado: ¿El límite de Morena?
Aquí el panorama, aunque favorable para el oficialismo, es un potencial límite. Para alcanzar la mayoría calificada, se requieren 86 de los 128 escaños. Inicialmente, Morena y sus aliados lograron 83, quedando a tres senadores. La reciente pérdida de personería jurídica del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al no obtener el 3% de los votos nacionales, dejó a sus senadores sin afiliación partidaria. Dos de ellos se unieron a Morena, llevando a la coalición a 85, quedando a solo un voto de la mayoría calificada.

¿Ha logrado la oposición impedirle a Morena obtener ese voto extra? No. El oficialismo logró el apoyo del senador Miguel Ángel Yunes Márquez (PAN – oposición) tanto para la reforma judicial como para la de la Guardia Nacional. Aunque el legislador sostiene que consideró la propuesta viable tras su análisis, hay versiones que sugieren podría haber estado motivado por la intención de frenar una serie de investigaciones judiciales en su contra y de su familia en Veracruz, donde la gobernadora actual pertenece al oficialismo. A pesar de esto, la gobernadora ha confrontado públicamente a la familia Yunes.

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